El Gobierno limita las preferentes a clientes ricos y una inversión mínima de 100.000€



El Ministerio de Economía tiene muy claro que la banca no volverá a abusar de los clientes particulares con la venta de productos sofisticados. Por ese motivo, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) están preparando un registro especial para evitar que determinados ahorradores inviertan en activos sofisticados.

La lupa se pondrá especialmente en las demonizadas participaciones preferentes, que han atrapado a unos 325.000 clientes minoristas. A partir del próximo 24 de agosto, fecha en la que el Ministerio quiere aprobar la nueva regulación sobre productos bancarios complejos, la venta de preferentes estará condicionada por varios factores.

El primero es que la emisión deberá tener un tramo reservado para inversores institucionales o profesionales. El porcentaje oscilará en torno al 40%, tal y como sucede con las ofertas públicas de venta (OPV). Además, se exigirá que ese tramo sea suscrito por al menos veinte clientes institucionales, ya sean gestoras de fondos de inversión, de pensiones o aseguradoras.

De esa manera se impedirá que el emisor acuerde con dos o tres gestoras la compraventa de esas preferentes, que después son vendidas rápidamente en el mercado secundario a cambio de una comisión. Así, se asegura que la colocación se hace de forma “impía” y sin manipulación, como sucede en las OPV. “Si hay demanda institucional, habrá emisión. De lo contrario, se suspenderá”, explican.

La nueva normativa también incluirá un importe mínimo de suscripción. Será de 100.000 euros, para que las preferentes se limiten a clientes de alto poder adquisitivo y, por tanto, de supuestos conocimientos financieros. Es decir, para los inversores de banca personal y banca privada. Hasta el momento, no había un importe mínimo y las entidades lo situaban cerca de los 1.000 euros para que pudieran comprarlas cualquier cliente particular.

Pero, por si fuera poco, el banco estará obligado a realizar un test de idoneidad sobre temas relacionados con los mercados de capitales. En el caso de que el resultado del examen sea negativo y el cliente quiera, aun así, adquirir las preferentes, deberá firmar una declaración con puño y letra en la que expresa su deseo de suscribir la emisión.

Con todas estas cláusulas, el Ministerio de Economía pretende que no vuelva a producirse el escándalo social que han provocado los impagos de los intereses de este tipo de productos. Como es sabido, estos valores dejan de abonar el interés pactado –habitualmente mucho más alto que el de mercado- cuando el banco o caja que los vende entra en pérdidas. Así ha sucedido en los casos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo  (CAM), de Novagalicia, de CatalunyaCaixa y de Bankia, la entidad más afectada.

El grupo surgido de la fusión entre Caja Madrid y Bancaja tiene a unos 92.000 clientes atrapados en preferentes emitidas en 2009 con una rentabilidad del 7%. Esos particulares invirtieron 3.000 millones a través de estos productos, que hoy apenas tienen un valor de mercado de 1.500 millones. Aunque el nuevo equipo gestor de Bankia ha intentado canjearles esos valores por depósitos o bonos por el 100% de lo invertido, la Comisión Europea se ha opuesto y ha exigido que se les aplique una quita de al menos el 40%.

Así hizo el Banco Sabadell con los afectados de la CAM, a los que les propuso hace unos meses cambiar las preferentes por acciones del grupo catalán. La minusvalía aplicada fue del 40%. Por su parte, Novagalicia ha acordado recurrir a un arbitraje para determinar lo que vale ahora la inversión en estos activos que hicieron en su día unos 43.000 particulares.